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El código cubano califica a la Ley Helms-Burton como inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno

Yimel Díaz Malmierca

La hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no llegó con el engendro de la ley Helms-Burton, esta es más bien un códice que resume gran parte del espíritu tirano e imperialista de los enemigos de la Mayor de las Antillas.

Escuche aquí fragmentos:

Pero tanto tropezar con la misma piedra hizo que los cubanos cultivaran su cultura política y legal. En diciembre de 1996 la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, en respuesta a recientemente promulgada “para la libertad y la solidaridad democrática cubanas (Ley Libertad o Helms-Burton), de Estados Unidos.

El código cubano califica a la Helms-Burton como “inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno” y considera “nula toda reclamación amparada en ella” con independencia de “ciudadanía o nacionalidad”.

El proceso de nacionalización de las riquezas y los recursos naturales (…) llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario en nombre del pueblo cubano, fue realizado conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el Derecho Internacional, sin discriminaciones”, afirma el texto jurídico, con el propósito del “beneficio público; disponiéndose las compensaciones adecuadas, las que fueron acordadas mediante negociación bilateral con todos los gobiernos involucrados, con excepción del de Estados Unidos de América que se negó a ello por su política de bloqueo y agresión, perjudicando gravemente con esta actuación a sus nacionales”.

La también conocida como Ley de la Dignidad, sostiene que “el pueblo cubano jamás permitirá que los destinos de su país sean regidos por leyes dictadas por ninguna potencia extranjera” y declara “su decisión irrenunciable de adoptar las medidas que estén a su alcance como respuesta a esa legislación anticubana y reclamar las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho”.

En su articulado, reafirma “la disposición del Gobierno de la República de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización” a “una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América”.

Precisa que tales “indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo (…) podrán formar parte de un proceso negociador” bilateral “sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo”, siempre y cuando no se emplee a la Helms-Burton como base legal para su demanda.

El máximo órgano legislativo cubano concedió al Gobierno, a través de esta legislación,  amplias facultades para diseñar y aplicar fórmulas diversas para resguardar los derechos de los inversionistas extranjeros, contra quienes va el Título III de la Helms-Burton, y le encargó además “la adopción de las disposiciones, medidas y facilidades adicionales que resulten necesarias para la total protección de las actuales y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la defensa de los legítimos intereses de éstas frente a las acciones que pudieran derivarse de la ley Helms-Burton”.

“Declara ilícita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la aplicación de la ley Helms-Burton” y define como ´colaboración´ la acción de buscar, prestar ayuda o suministrar información a cualquier representante del Gobierno de EE.UU.  u otra persona, con el objeto de utilizarla en la aplicación de la Helms-Burton.

También sanciona “solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribución o beneficiarse de cualquier modo de recursos financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América o canalizados por éste, a través de sus representantes o por cualquier otra vía, cuya utilización favorecería la aplicación” de la referida ordenanza.

Casi un cuarto de siglo después de aprobada, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas preserva absoluta vigencia desde el punto de de vista jurídico

 

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