Gobierno colombiano hace muy poco por la paz

Colombia y el Acuerdo de Paz

Solo un 18% del Acuerdo de Paz fue cumplido en 2017 por Santos

Por: Mariela Pérez Valenzuela

El primer balance anual del cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia arrojó que solo un 18% de los compromisos empeñados por el gobierno de Juan Manuel Santos fueron cumplidos, en tanto mantiene un ambiente de permisividad de grupos que incitan a la violencia en el país.

Este fue uno de los puntos de la reunión sostenida la pasada semana entre el presidente Santos y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado a partir de la desaparición de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

El porcentaje de los cumplimientos del Acuerdo firmado en Cartagena de Indias en 2016, donde ahora se realizó el análisis, fueron ofrecidos por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP).

En 2017, un año difícil pero fundamental para la implementación de Las regulaciones tras la firma del documento el 24 de noviembre de 2016 se esperaba que hubiese un avance constructivo entre las partes, lo cual no ocurrió por el evidente desinterés gubernamental en el cumplimiento del pacto.

Al encuentro cartagenense asistieron los ex presidentes de España, Felipe González  y José Mujica, de Uruguay, en calidad de notables de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los documentos firmados en La Habana, Cuba, luego de más de cuatro años de conversaciones bilaterales.

Para analistas, Santos, su gabinete y los otros poderes republicanos han saboteado o desinteresado en honrar sus responsabilidades, mientras el grupo guerrillero devenido partido político, realizó en fecha y tiempo los pasos previstos para su desarme, salida de campamentos para zonas veredales, identificación de sus miembros y pase a la vida civil. La antigua guerrilla, en cambio, cumplió en ciento por ciento el compromiso contraído.

No estaba previsto por la organización subversiva que el gobierno atrasaría o cambiaría importantes acápites del documento aprobado en busca de la paz. Por el contrario, el Congreso Nacional respondió a los políticos de derecha que tratan de sepultar el acuerdo, lo cual podría ocurrir si el candidato de la derecha a la presidencia gana las elecciones de este año.

Las dos delegaciones de Cartagena, al más alto nivel, esclareció los exiguos avances de 2017 para terminar de manera definitiva un conflicto de 52 años que, según Santos, afectó a 8 376 463 personas, entre muertos, heridos, desaparecidos y desplazados de las zonas de guerra.

Uno de los asuntos que marcha con lentitud es el proceso de reincorporación de los excombatientes, ya que son más de 10 mil a la vez, en lugar de un proceso gradual y minoritario, indicó el director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, Juan Fernando Londoño.

Uno de los temas mas graves que se analizaron en Cartagena es la inercia gubernamental ante los asesinatos cometidos por grupos paramilitares luego de la firma del Acuerdo, según reconoció un informe de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esa fuente indicó que el pasado año 20 ex insurgentes fueron asesinados y más de 10 de sus familiares, además de más de 100 activistas sociales, personas a las que el Estado debía asegurar protección. Los paramilitares, que actúan en absoluta impunidad incluso ocuparon los campamentos dejados por los guerrilleros para desde allí desplegar sus operaciones en zonas campesinas.

También el partido Farc mostró su inconformidad con el método gubernamental de forzar al campesinado a desmontar sus sembradíos de coca –su única fuente de ingresos- para dedicarse a otros cultivos que carecen de mercado dada lo intrincado de esas zonas.

El acuerdo de paz refiere la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos;  sin embargo, los campesinos denuncian que el Ejército arrancan las plantas sin contar con ellos y sin que mencionen la inserción en un supuesto proyecto agrícola.

El 50% de los siembras están en 10 municipios de cuatro departamentos: Nariño, donde han ocurrido enfrentamientos entre agricultores y los uniformados, Norte de Santander, Cauca y Putumayo.

La realidad indica que este año los Poderes vigentes en Colombia hicieron trizas el acuerdo de paz, aun cuando Santos, una vez más y luciendo su blasón de Nobel de la Paz 2016, prometió dedicarse este año a impulsar lo que queda de los planteamientos de La Habana y Cartagena de Indias.

El documento firmado en La Habana sufrió reformas aceptadas por las FARC-EP en aras de concluir la guerra, pero en la práctica quedó demostrado lo que alertaron muchos analistas: la meta de Santos y la derecha era aniquilar a las guerrillas. Incluso  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que  se planteaba abordar las responsabilidades de los financiadores de la guerra (los llamados “terceros”, como los empresarios, multinacionales, funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes…), quedó hecha trizas y terminó siendo un tribunal en donde se juzgará de manera exclusiva a las FARC.

Al  orden contrainsurgente le tiene sin cuidado que hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), garante de los acuerdos, critique ese incumplimiento y que el Comandante Timochenko anunciara en la reunión que se dirigirá a ese organismo para alertarlo sobre la realidad colombiana.

En estos incumplimientos han participado los diversos componentes del bloque contrainsurgente: el ejecutivo, el parlamento, el sistema judicial, las fuerzas armadas, los medios de desinformación, los partidos políticos ligados al establecimiento, e incluso sectores políticos que se supondrían son de izquierda o alternativos (como el Polo Democrático-MOIR y los verdes, con Claudia López a la cabeza).

 

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