Exhortan en Colombia a agilizar Acuerdo de Paz

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De la Calle (derecha) presidió la parte oficial durante casi cuatro años en las conversaciones de La Habana.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, pide trámite rápido

 

Por Mariela Pérez Valenzuela

Humberto de la Calle, abogado y jefe de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos a las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) exhortó a agilizar los trámites para hacer firme el segundo Acuerdo, luego de varios incidentes políticos que al parecer buscan el quiebre de la reconciliación nacional.

De la Calle, quien presidió la parte oficial durante casi cuatro años en las conversaciones de La Habana, se mostró preocupado este domingo por la demora en la circulación jurídica del fortalecido nuevo documento, firmado en la capital cubana el pasado día 12.

Este documento responde a las 500 propuestas hechas por la sociedad colombiana para garantizar el cese de la guerra de 52 años, y responde también a las presuntas preocupaciones de los partidos de derecha que no lo refrendaron en el plebiscito realizado para la implementación de la paz.

Cuando debía primar un espíritu de pacificación en la convulsionada Colombia, por el contrario, en los últimos días, dos guerrilleros fueron ultimados por Fuerzas del Ejército que violaron el cese al fuego bilateral y definitivo pactado por el gobierno y los rebeldes, lo cual crea un ambiente incómodo entre las partes.

También tres dirigentes campesinos resultaron asesinados y uno herido de gravedad en los últimos días, como si no existiera la necesaria confianza entre las partes.

El pasado jueves, Erley Monroy Fierro recibió varios disparos que le causaron la muerte, y dos días después, uno de sus compañeros, Hugo Cuellar, también resultó baleado y herido de gravedad.

Los dos atacados son miembros de Marcha Patriótica, un movimiento social y político defensor de la paz, y residentes en San Vicente Caguán, una de las zonas más combativas de Colombia.

Cuellar es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Victoria en el departamento del Meta y es miembro de la Asociación Campesina ambiental Río Lozada.

El mismo día que atentaron contra Monroy, el líder comunitario Didier Losada perdió la vida cuando desconocidos entraron a su hogar y le dispararon en la jurisdicción de La Macarena, también  en Meta.

La primera víctima de la semana última fue José Antonio Velasco, un conocido dirigente de la defensa de los hombres y mujeres del campo, a quien encontraron sin vida y con signos de tortura en una carretera de Caloto, también en el Cauca.

Señales peligrosas

Los atentados de los últimos días constituyen un precedente peligroso para mantener el ambiente de apaciguamiento alcanzado en Colombia, luego de que tanto el gobierno como la guerrilla aceptaron revisar el que se suponía sería el Acuerdo final suscrito el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.

Sin embargo, la campaña de la derecha por el NO hizo que el acuerdo naufragara por una mínima mayoría, y tras varias conversaciones tanto el gobierno como la guerrilla decidieron revisarlo y volver a presentarlo, tomando en cuenta las apreciaciones de la sociedad y de la derecha en aras de no dejar morir la paz.

Pero ahora, De la Calle reclama de la lentitud para entregar al Congreso Nacional el documento, para su análisis y eventual aceptación legislativa.

“Cuando dijimos que era imprescindible un mecanismo especial y rápido en el Congreso, que se ha denominado “fast-track” no se hizo por capricho ni por el deseo de poner contra la pared a la oposición” expresó el negociador al diario El Tiempo.

Unos siete mil guerrilleros, precisó, están a la espera de una decisión final para dejar las armas, y recordó que también está en peligro el cese al fuego bilateral, ya que estaba comprendido en el no aceptado Acuerdo de Paz firmado a finales de agosto.

“Tenemos que hallar soluciones ágiles en materia de justicia, en la aplicación de la amnistía, éste es un incentivo para lograr una paz firme”, expresó el político colombiano.

En su apreciación, la aplicación del fast-track depende ahora de una decisión de la Corte Constitucional; de ser negativa, el fallo sobre las leyes de la paz quedarán envueltas en la precampaña electoral para 2018, porque su trámite ordinario duraría como mínimo un año.

Aunque sin pronunciarse abiertamente, los analistas observan en las palabras del negociador una advertencia de que por formulaciones burocráticas el Acuerdo puede caer en un vacío, sin desestimar un retorno a las armas.

Tampoco puede ignorarse que existen en Colombia intereses de las oligarquías que defienden la permanencia de la guerra interna, ya que beneficia a sus capitales y los de Estados Unidos, en especial a la industria armamentista.
Otro foco de peligro para la paz son los grupos paramilitares que responden a los partidos de derecha y constituyen una amenaza latente para los guerrilleros y los dirigentes comunitarios.

 

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