Perú en crisis
Corrupción atenta contra credibilidad de los tres poderes
Por: Mariela Pérez Valenzuela
Perú atraviesa una crisis política y judicial de tal magnitud que el presidente Martín Vizcarra presentó cuatro reformas constitucionales al Congreso Nacional para evitar el derrumbe de un sistema político minado por la corrupción en medios oficialistas.
El ultimato del Mandatario fue dado en un mensaje dirigido a la nación, en el que dio 72 horas al Legislativo, cumplidas el pasado miércoles, para que diera el visto bueno a los cambios en una nación donde la delincuencia compromete a un alto número de figuras de los tres poderes.
El Mandatario sustituyó hace siete meses a su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, vinculado a hechos delictivos con la empresa brasileña Odebretch y evidenciar antes tráfico de influencias con el derechista partido Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, indultando a su padre, el dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
La liberación de Fujimori, que conmocionó al país, fue basada en un trueque: FP votaría en el Legislativo por la permanencia de Kuczynski en el cargo, sin que se le impugnara por su presunta corrupción. El Mandatario renunció después debido a la presión popular.
Ante la delicada situación nacional y por su conveniencia, el Congreso unicameral decidió darle un voto de confianza al gobierno nacional, y aprobó una de las reformas, la referida a la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), e instaló en su lugar la instalación de la Junta Nacional de Justicia, la que podrá elegir, ratificar, y destituir a jueces y fiscales.
Analistas consideran que ese fue un movimiento importante para modificar el sistema de justicia. En tanto, el Poder Judicial se mantiene en permanente estado de emergencia para realizar cambios administrativos integrales.
La situación de incredibilidad de ese aparato se hizo insostenible, luego que el programa de televisión Panorama transmitiera varias grabaciones comprometedoras que involucran al suspendido juez supremo Cesar Hinostroza al habla con un desconocido.
Hinostroza –de acuerdo con la escucha- preguntaba a su interlocutor si quería que rebajara la pena o dejara libre al violador confeso de una niña de 11 años.
Ahora el presidente Vizcarra desea mayor agilidad en la aprobación de las tres reformas restantes, que el personalmente había entregado al órgano legislativo 40 días antes de tomar su extrema decisión.
La líder de FP, Keiko Fujimori, había advertido que tales cambios solo se discutirían en 2019, para organizar un rejuego entre poderes y eliminar el peligro de que comiencen a surgir acusaciones que tengan redundancia en las elecciones regionales y municipales del próximo mes. Pero luego se retractó, y con ella los 77 miembros de su partido para evitar la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas. Con los continuos escándalos que involucran a partidos políticos, congresistas y otras figuras representativas del poder, FP perdería no solo escaños sino también municipios y regiones.
Vizcarra se ha mostrado inquieto por la dilatación de la aprobación de las tres restantes reformas.
Ellas son la vuelta a un Congreso bicameral, como existió hasta 1992, cuando el dictador Fujimori las disolvió. Se hizo una sola Cámara que respaldaba su política criminal.
El nuevo órgano tendría 100 diputados y 30 senadores, o sea, la misma cifra que el actual, integrado por 130 miembros.
La tercera reforma ha traído inconformidad entre los fujimoristas porque les imposibilita mantenerse en el Congreso de manera consecutiva. Vizcarra propuso eliminar la reelección legislativa, lo que impedirá la continuación de operaciones oscuras, entre ellas compra de votos, sobornos, tráfico de influencias, entre otras desviaciones delincuenciales.
Otra propuesta, dirigida a evitar la corrupción en los partidos políticos, fiscalizará la financiación de esas agrupaciones, muchas veces procedentes de cárteles de narcotraficantes, empresarios privados u otros interesados en controlar la política nacional.
La próxima semana continuará en Perú la batalla por el cumplimiento del organigrama planteado por el Mandatario, quien convocará a un referendo nacional para que el pueblo también participe en la aprobación de las reformas constitucionales.
Esa consulta será realizada en diciembre, si es que no surge entretanto algún elemento disociador por parte de la oposición política, ya que lo mejor estará por venir si Vizcarra –acusado por la Fiscalía de 48 actos delictivos cuando era presidente de la región de Moquegua (2011-2014) – destruye los nidos de corrupción ahora vigentes.
El descontento popular quedó demostrado en una encuesta nacional de la consultora GFK realizada para el diario La República, la cual afirma que el 73% de los interrogados sospecha de delitos de sus actuales autoridades municipales.
Mientras, continúan los preparativos para las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes.
Son 88 221 los candidatos nacionales inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual, estiman analistas, confunde a los votantes.
Según el estudio de GFK solo el 57% de los interrogados conoce o tuvo acceso a información sobre las candidaturas, mientras un 42% ignora quienes son sus posibles líderes.