Activan complot contra el expresidente Rafael Correa
Entramado judicial quiere encarcelar al líder de Alianza País
Por: Mariela Pérez Valenzuela
A juicio de algunos analistas, ya estaba demorando la cacería de brujas contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, a quien ahora la justicia de su país acusa de estar involucrado en el supuesto intento de secuestro de un opositor en Colombia hace ocho años.
Esta tesis sería risible, porque ningún mandatario de la época del progresismo en América Latina iniciada por Hugo Chávez en Venezuela en 1999, fue capaz, por una cuestión ética, de dirigir operaciones tan viles como para mandar a raptar a un disidente de ideas, sin grandes pretensiones políticas, y que vivía refugiado en Bogotá.
¿Qué podría motivar a Correa a realizar tan absurdo movimiento político, en una nación que gobernó durante 10 años con amplias mayorías, cuando logró que Ecuador ganase un prestigio mundial por los logros económicos, políticos y sociales de esa década de gobierno de Alianza País?
Algunos analistas coinciden en que posiblemente la armazón judicial contra Correa, residente ahora en Bélgica, donde nació su esposa, profesor en una Universidad y entrevistador de Rusia Today, haya partido del Palacio de Carondelet y de su sucesor, Lenín Moreno, o sus asesores.
Moreno, discapacitado desde 1981, que siguió las ideas del ex mandatario como su vice durante seis años, llegó al actual gobierno de su mano.
El hombre al que consideraba su amigo y capaz de continuar la obra de Alianza País tomó otro derrotero político y ahora coquetea con la derecha, se alía a Estados Unidos y adopta posturas como quitarle la protección especial al fundador de Wilkileaks, Julian Assange, asilado en su embajada en Londres desde hace varios años, quizás para facilitar la entrada de la policía y llevárselo a la fuerza a su país.
Para que nadie dude de su pensamiento hacia el llamado sistema del buen vivir implantado por su antecesor, sacó del país a las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los representantes del gobierno colombiano que mantenían en Quito un diálogo para alcanzar la paz.
Motivo: el secuestro de tres colombianos en la franja fronteriza de los dos países, en un suceso en el que nada tuvo que ver el ELN.
Días después, desalojó a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), uno de los organismos integracionistas creados en la era del progresismo latinoamericano y entregó su edificio-sede a una universidad indígena.
Hizo más. Renegó de Alianza País y la Revolución Ciudadana, acusó a Correa de fraudulento, en lo que muchos consideran una traición moral a sus antiguos ideales, reformando el sistema político para evitar un eventual retorno del popular líder, dando oportunidades nunca vistas a los grandes capitales foráneos.
El Mandatario logró con el apoyo de un politizado sistema judicial, que su sustituto como vice, Jorge Glass, fuera condenado a ocho años de cárcel por un supuesto caso de corrupción no probado. Ahora, arremete contra Correa.
La acusación contra Correa se basa en declaraciones de un policía ecuatoriano – nadie recuerda a un presidente llamando a un agente- que recibió, dijo, sus órdenes directas para secuestrar en Bogotá en 2012 al ex asambleísta opositor Fernando Blad, quien escapó al vecino país luego de ser condenado a dos años en Quito por difamación de dirigentes políticos.
El secuestro fracasó, y el presidente colombiano Juan Manuel Santos lo extraditó a Ecuador para que cumpliera su pena en el país meridiano del mundo.
Seis años después, Blad invocó a Correa en una acusación sin mucho asidero, salvo las palabras del policía, de que el jefe de gobierno lo había mandado a raptar, un acto casi infantil.
Sin embargo, tal hecho fue aprovechado como pretexto por la jueza Daniela Camacho para imponerle medidas cautelares a Correa, quien desde Bruselas respondió a la agencia de prensa AFP que ¨hay una hoja de ruta cuyo fin es encarcelarme para siempre¨.
Hay más. La justicia ecuatoriana ordenó su prisión preventiva y emitió una circular roja para que la Interpol (Policía Internacional) lo detuviera, extraditara y lo presentara a juicio.
Miembros de la antigua Alianza País declararon que además de que Correa es inocente de la causa, si Moreno era su vice, cómo no supo del acto contra Blad. En realidad, dijo Marta Mosquera, activista política ecuatoriana, Moreno, que tanto ataca a nuestro líder, debía decirle a la opinión pública qué hacía durante el supuesto rapto del asambleísta.
“Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el Fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el Presidente lo había llamado para pedirle que secuestrara a Balda”, precisó el fundador de Alianza País desde su nuevo hogar.
En su opinión, no hay pruebas en su contra, “pero Moreno está detrás de todo esto, pues antes se reunió –según fuentes fidedignas- con Balda y con el anterior Fiscal para meter preso a Glass”, y aseguró que “delegados del Gobierno intentaron presionar a personas claves para que testificaran en su contra”.
Para analistas de la situación en América Latina, el caso que han tratado de armar contra Correa forma parte de un plan mucho mayor de sacar de la vida política, usando a una justicia vendida al capital, a líderes progresistas con posibilidades de retornar a las presidencias en sus países.
Además de Glass, encarcelado sin pruebas contundentes, en igual situación se encuentra el líder revolucionario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por supuesta corrupción, que ya cumple en una cárcel en Curitiba, sin que medie un documento que lo vincule a la red de delincuentes que desde la empresa estatal Petrobras se beneficiaban de sobornos de la constructora Oderbrecht.
Jueces brasileños, unidos al legislativo del presidente de facto Michel Temer y el corrupto Congreso Nacional, enjuiciaron a la expresidente Dilma Rousseff, que nunca tocó ni un centavo del Estado con fines personales, y la acusaron de mal manejo de los fondos gubernamentales. Dilma cayó y su puesto fue ocupado por su vice Temer.
De igual manera actúan los jueces argentinos, quienes acusan a la expresidenta Cristina Fernández de uso incorrecto del dinero de la nación durante su gobierno y solo esperan que termine su mandato como senadora para desaforarla y tratar de encarcelarla.
Antes pasó con el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, a quien depusieron en un golpe parlamentario apoyado por la justicia en 2012 por una supuesta participación en una matanza de campesinos que, según se demostró, fue ordenada por terratenientes de la zona.
Correa ya aclaró que no retornará a Ecuador, pues hacerlo, opinó desde Bruselas, sería un suicidio. El sabe que la política de odio de Moreno contra lo que él representa puede costarle la vida en la nación a la que dedicó 10 años continuos (2007-2017) y con pretensiones de seguir impulsando la Revolución Ciudadana cuando Moreno concluyera su mandato.