Lula es el liderazgo de Brasil
Aun siendo un reo de la politizada justicia mantiene mayores intenciones de voto para los comicios presidenciales
Por Mariela Pérez Valenzuela
La situación del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva es conmovedora: encarcelado, con pocas posibilidades de ser liberado debido a la politización de la justicia en su país, el conocido político de izquierda ocupa el primer lugar en intenciones de votos de los comicios del próximo 7 de octubre.
Lula da Silva, de 73 años, que presidió Brasil dos mandatos (2001-2009) bajo la bandera del Partido de los Trabajadores (PT) que fundó en 1980, cuenta con un 33% de respaldo de los presuntos votantes, algo insólito si se considera que cumple una condena de 12 años y un mes de prisión por un delito no comprobado de corrupción.
Detrás se sitúa el ultraderechista y favorito de la derecha nacional Jair Bolsonaro, con 15%; la ecologista Marina Silva, con 7%, el laborista Ciro Gomes, con 4%; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, con igual intención.
Hace unos días, el ex gobernante que ve derrumbarse las posibilidades de salir en libertad debido al complot judicial en su contra, pagado por la oligarquía nacional, comunicó en su cuenta en twiter que se presentará como candidato del PT a la presidencia nacional, en la futura lid.
Las declaraciones del líder del PT se dieron en el entorno de un escándalo de la alta magistratura del país, al que no hizo alusión, pero que ratificó la armazón de un sistema judicial que responde a la derecha nacional.
Este político de extracción muy humilde, nacido en los campos de Pernambuco de los cuales emigró para Sao Paulo, donde se hizo obrero metalúrgico, afirmó desde su celda en Curitiba, Paraná, que ¨pueden tener certeza de que voy a ser candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del pueblo brasileño¨, y denunció ¨la venta del patrimonio público de forma irresponsable y por una ganga, para encubrir la ilegitimidad de un golpista¨.
Líder incuestionable de una rica nación cuyas empresas estatales están siendo vendidas en su mayoría a trasnacionales de Estados Unidos, destacó en su nota que la élite brasileña siente un complejo de inferioridad ante el gigante norteño y el presidente de facto Michel Temer acabará con el patrimonio construido por los trabajadores.
Temer, quien organizó y derrocó mediante un golpe parlamentario a la presidente legítima Dilma Rousseff en 2016, devino un vasallo de la administración de Donald Trump, por lo que sigue sin pestañear las órdenes de Washington hasta en los delicados temas militares conjuntos.
La popularidad de Lula, cuyo gobierno sacó de la miseria a 28 millones de personas, brindó escuelas y salud gratuita, mejoró la calidad de vida de la llamada clase media y pasó a ese rango a millares de ciudadanos, no decayó ni un punto después de entregarse de manera voluntaria en abril pasado a la Policía Federal de Curitiba, ciudad donde fue enjuiciado.
Sobre el ex mandatario hay una condena de 12 años y un mes de prisión en segunda instancia. Antes, el juez federal asentado en Curitiba Sergio Moro, le atribuyó la aceptación de un apartamento de lujo en el litoral paulista otorgado por la constructora OAS a cambio de favores para beneficiarla en la licitación de obras públicas.
Moro, quien se formó como especialista en temas de corrupción en Estados Unidos, no pudo presentar ningún documento ni prueba testifical que demostrara su acusación. Sin embargo, a contrapelo de lo que dictan las leyes en esos casos, lo condenó a ocho años y un mes de encarcelamiento, sanción elevada por los jueces de nivel superior al suyo.
Los abogados de la defensa coinciden en que se trata de una armazón judicial, muy bien pagada, para evitar que Lula se presente en las elecciones, las cuales ganaría de manera holgada y con ello fracasarían los planes de los capitalistas locales de vender el país a compañías extranjeras y terminaría con el impulsado dado por Temer al neoliberalismo.
El golpe de estado a Rousseff y luego la prisión de Lula se corresponde con los planes de la Casa Blanca de eliminar de la escena política a líderes políticos que revertirían el proceso de derechización existente ahora en la región latinoamericana.
Tal estrategia del llamado golpe blando fue utilizada contra Cristina Fernández, en Argentina, Lula en Brasil, y Rafael Correa en Ecuador, acusado ahora de conspiración contra un diputado opositor a quien trataron de secuestrar en Colombia, donde vivía en 2012.
El domingo 8 ocurrió un episodio de ribetes siniestros en las arenas judiciales, cuando el juez del Tribunal Regional Federal 4 Rogério Favreto ordenó su inmediata libertad, con base al habeas corpus presentado días antes por tres diputados nacionales del PT.
Sin embargo, cuando conoció la situación, aunque estaba de vacaciones y posee una categoría inferior a Favreto, Moro dispuso que lo mantuvieran en prisión y dio la orden a la Policía de Curitiba para que no lo liberara.
El asunto se enredó aun mas –lo que demuestra el complot judicial- cuando otro juez también del proceso Lava Jato por la detención primera se hizo en un local de limpieza de automóviles, Joao Pedro Gebrán, afirmó que Lula no podía salir libre sin la autorización del presidente del TRF-4, Thompson Flores, quien ya tenía orientaciones de las altas esferas gubernamentales de mantenerlo encerrado. Y aquí no ha pasado nada.
La noticia de la liberación de Lula se esparció de inmediato y hasta las inmediaciones de la cárcel de Curitiba –donde hay campamentos en vigilia acompañando al detenido- llegaron miles de personas para festejar con su líder.
Sin embargo, las horas pasaron y la decisión de Flores cayó como un mazazo sobre la multitud, pues quedó demostrado, una vez mas, que la suerte de Lula ya está trazada, a no ser que intereses políticos decidieran que debe quedar libre. Son los intereses los que deciden ahora si será bueno o no que el ex mandatario retorne al Palacio de Planalto para evitar grandes protestas populares, huelgas generales y otros tipos de protestas.
Los dirigentes del PT advirtieron que Lula será inscripto como candidato el próximo 15 de agosto, lo cual no significa que sea aceptado por las autoridades electorales.
Gleisi Hoffman, presidenta del PT, declaró a la prensa que los grandes capitales que propiciaron el golpe de estado contra Rousseff ahora evitan a cualquier costo que Lula salga libre y sin cargos de culpabilidad.
Sin embargo, si está en la cárcel en agosto, la decisión de que participe o no en los comicios queda en manos de las autoridades electorales que seguirán, segú opinan el diario Jornal do Brasil, la ley electoral del país que impide que una persona condenada en segunda instancia se presente para un cargo público.
El tiempo se acorta y muchos temen que al faltar Lula el ultraderechismo personificado por Bolsonaro llegue al Palacio de Planalto. Ese individuo responde al sector militar del país y sus ideas, según dijo públicamente, van enfiladas a una mayor presencia de uniformados en cargos importantes en lo que podría ser su gobierno.