Los inventarios ociosos y de lento movimiento siguen en el punto rojo del colimador
Si un asunto requiere el más completo seguimiento en aras del desarrollo eficiente de la economía cubana es este, pues aún persisten deficiencias tanto en el sistema empresarial como en el presupuestario
Por Carlos Heredia Reyes
En agosto de 2016 dedicamos unas líneas a este tema, y expresión de su vital importancia es que en la XII Comprobación Nacional al Control Interno, desarrollada a principios de noviembre en todo el país, la Contraloría General de la República evaluó su comportamiento, y en distintas ocasiones el gobierno en La Habana, de conjunto con las direcciones administrativas, ha valorado el asunto, su impacto e implicaciones.
Recordemos, además, que uno de los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución define con claridad la estrategia a seguir: ejercer un efectivo control sobre la gestión de compras y de inventarios, para minimizar la inmovilización de recursos y las pérdidas en la economía.
Con ese fin desde el 2013 existe el Decreto 315 en tanto sus normas complementarias, de los ministerios de Finanzas y Precios y de Comercio Interior, regulan y definen el concepto de los inventarios, así como facultan a los organismos, organizaciones superiores de dirección empresarial y otras entidades, en correspondencia con lo establecido por los ministerios de Economía y de Finanzas y Precios para aprobar su destino.
Como parte de esta política se autoriza la aplicación de precios por acuerdo entre las partes implicadas para la comercialización mayorista de esos productos a personas jurídicas, además de establecer una red minorista, en varias tiendas de La Habana, y en las empresas comercializadoras de servicios de productos universales en el resto del país, siendo estas últimas las encargadas de hacer las gestiones con las entidades que deseen comprar alguna mercancía.
La capital cuenta con 44 empresas y 202 Unidades Presupuestadas, de ellas 120 son de subordinación municipal y 82 de la instancia provincial, y aunque por supuesto no en todos los lugares se manifiesta por igual la situación con los inventarios, pues también depende del objeto social de cada cual, cualquier alerta oportuna o acción preventiva siempre será bienvenida.
Un informe de las autoridades locales del primer semestre de 2017 señalaba que se observa un incremento considerable en los niveles de inventarios en La Habana, siendo salud pública, educación y servicios comunales los que más inciden.
Este tema se ha venido tratando en varios escenarios sin lograrse la concientización de los actores que intervienen, demostrándose falta de conciliación a la hora de recibir las mercancías entre los aparatos comerciales, administrativos y del área económica, y por ello se ha orientado comprar solo lo necesario en función de los niveles de actividad aprobados y que la demanda sea la herramienta reguladora de las compras, siempre que estén elaboradas correctamente.
En la metodología del plan del 2018 se incluyó como novedad la rotación de los inventarios entre los indicadores directivos medibles al sector empresarial del país, el cual en 2016 superó por este concepto los 23 mil millones de pesos, según un reportaje del periódico Trabajadores de mediados de 2017.
Ahora sí se ha puesto difícil el “juego”, han comentado administrativos, a quienes si bien la decisión no tomó por sorpresa, sí los obligará a modificar la manera de relacionarse con un asunto tan estratégico como este, signado por la poca importancia que algunas entidades suelen concederle en su día a día, advierte la colega Juanita Perdomo.
“Donde no se atienda con prioridad, se correrá el riesgo de afectar los ingresos monetarios al igual que sucede cuando son incumplidos otros indicadores como las ventas netas o la utilidad ante del impuesto”, dijo al periódico de la clase obrera cubana Niksa Ortega Tellechea, subdirectora ramal de la Dirección Provincial de Economía y Planificación en Matanzas.
Allí donde seguimos atados a fenómenos como el lento movimiento de muchos bienes y su ociosidad, ya sea por su obsolescencia técnica, vencimiento y deterioro, debido a que son malas las condiciones de almacenamiento, hay que insistir en que el presupuesto aprobado no es con vistas a almacenar productos sino para dar respuesta a los planes de producción y de servicios.