Revelaciones sobre asesinato de Berta Cáceres
Involucrados altos funcionarios del gobierno hondureño y mercenarios
Por: Mariela Pérez Valenzuela
Más de un año y medio después del asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres aparecen nuevos elementos que involucran a empresarios, funcionarios públicos y el aparato de seguridad del Estado en la comisión del delito.
Cáceres, 45 años, una figura de relieve internacional por su defensa del medio ambiente y la protección de la etnia lenca, recibió seis disparos mortales mientras dormía en su hogar, hechos por sicarios contratados por la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en complicidad con la Policía que supuestamente, debía protegerla debido a las amenazas de muerte en su contra.
La petición de resguardo a la valerosa luchadora fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno hondureño, que nunca cumplió su palabra.
Más de 120 activistas defensores del medio ambiente fueron ultimados en 2016 en Honduras, en absoluta impunidad y encubrimiento de los delincuentes.
Al momento de su asesinato en la localidad La Esperanza, en el suroriental departamento de Intibucá, donde residía, la cofundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh) libraba una batalla legal contra la DESA, que intentaba desviar el río Zarca para construir una hidroeléctrica, en detrimento de las tierras y las aguas donde vivían los indígenas.
Por su valerosa vida, la Organización de Naciones Unidas le otorgó post mortem el premio Campeones de la Tierra, el más importante de esa institución a los defensores ambientalistas. “Berta Cáceres se rehusó a permitir que poderosos intereses violaran los derechos de los pobres y marginados y destruyeran los ecosistemas de los que dependen”, afirmó en su homenaje Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Ambiente.
Nuevos elementos que visualizan los vínculos de distintos organismos para matar a Cáceres fueron presentados el pasado martes en el informe “Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, resultado de investigaciones realizadas por El Grupo Asesor Independiente de Personas Expertas (Gaipe).
En conferencia pública, los especialistas reunidos en Tegucigalpa, la capital, determinaron la utilización de las influencias políticas dentro del gobierno nacional por la empresa DESA –una de las 140 concesionarias entregadas a privados desde el golpe de estado militar contra el presidente Manuel Zelaya en el 2009.
El informe demostró que esa firma planeó la persecución de Cáceres y las amenazas a su vida.
Una de las revelaciones del documento confirmó que los aparatos de la seguridad estatal que debían proteger a la lideresa –que ella había solicitado ante las continuas intimidaciones- nunca cumplieron sus obligaciones, lo que contrasta con la cobertura dada a los funcionarios de Desa.
El resultado del informe está basado en la revisión de más 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de textos, Gps y correos extraídos de algunos de los celulares incautados en la investigación penal.
De ahí que los expertos concluyeran que el estado hondureño no solo dejó sin amparo a Cáceres la noche de su muerte, sino que de manera comprobada sus agentes informaban a la empresa de sus movimientos.
El asesinato de la prestigiosa lideresa fue planificado a partir de noviembre del 2015 y un abortado intento fue realizado los días 5 y 6 de febrero de 2016.
La investigación del Gaipe, que reúne expertos de varias nacionalidades, fue lograda gracias al apoyo de organizaciones nacionales e internacionales a la Copinh y los familiares de la victima, que exigieron al gobierno, sin respuesta, la conformación de un grupo internacional que monitoreara la investigación, conducida hasta entonces por el Ministerio Público.
Antes de ocuparse del caso, el expediente judicial del homicidio le fue robado a la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual exigió sin éxito la restitución de la papelería.
En el informe de cierre, el Gaipe determinó que hubo una búsqueda exhaustiva e independiente sobre el operativo que condujo al asesinato, las conexiones detrás del crimen, responsabilidades de los procesados y de otros individuos en libertad también involucrados.
En las conclusiones se señaló la existencia de una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa Desa, agentes estatales y sicarios,, además de asociación ilícita, encubrimiento, obstrucción a la justicia y otros delitos.
El Gaipe demostró que los investigadores oficiales no siguieron las diligencias para procesar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de la activista.
Aunque ocho personas fueron sindicadas como autores materiales del crimen – a los que se les pagó 22 mil dólares en total por su fechoría, según confesó uno de los autores- el Ministerio Público no avanza en las autorías intelectuales del hecho, aunque dispone de los elementos necesarios para hacerlo.
En este caso, que conmocionó no solo a Honduras sino a todos los que en el mundo tratan de proteger la Naturaleza y el medio ambiente, el Gaipe resaltó el rol de las empresas financiadoras internacionales que conocían los desmanes de Desa hacia las comunidades, los que ocultó para respaldar la concesión, en la que tiene intereses.
El Coniph advirtió que luego de los resultados planteados por el Gaiep espera una reacción del gobierno hondureño, desprestigiado ante la comunidad internacional por la impunidad de los asesinos de quienes cuidan la vida de los pueblos indígenas, considerados ciudadanos de tercera categoría en esa nación centroamericana.