El insólito secuestro de Milagro Sala en Argentina
Sacada por la fuerza de su hogar donde cumplía prisión domiciliaria
Por: Mariela Pérez Valenzuela
Milagro Sala no es una asesina, no robó ni desfalcó al Estado. Sus delitos consisten en ser pobre, indígena, activista social, y liderar la lucha contra los atropellos que el gobierno derechista de Gerardo Morales realiza contra los opositores en la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de Argentina.
Sala (1964), lideresa de la agrupación barrial Tupac Amaru, diputada al Parlamento Suramericano, sufre desde enero de 2016, un mes después de la asunción del presidente derechista Mauricio Macri, bajo acusaciones no demostradas de un sistema manipulado que desea sacarla de la escena política.
El pasado sábado, en una acción sin precedentes, esta mujer fue sacada por la fuerza de su hogar y llevada a la cárcel de Alto Comendero, desde donde libra en estos días una nueva batalla contra la injusticia de que es víctima.
Según la Fiscalía de Jujuy, ella está acusada de presunto fraude al Estado, extorsión, asociación ilícita, tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, pero la parte acusadora carece de pruebas como para condenarla, si es que hubiese justicia en este caso considerado eminentemente político.
Madre de 14 hijos, 12 de ellos adoptivos, casada con el periodista Pedro Raúl Noro, nunca negó su simpatía por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En sus respectivas administraciones, los dos mandatarios financiaron de manera directa mediante la Tupac Amaru las construcciones de viviendas y escuelas promovidas por esa organización. .
En Jujuy hay más de mil de esas edificaciones levantadas por la gestión de la organización barrial, donde residen personas de bajos recursos.
Al ser ocupada la presidencia federal por Macri y su coalición de derecha Cambiemos, al que pertenece Morales, Sala se convirtió en la primera presa política de esa administración.
A pesar de la defensa de sus abogados, que demostraron su inocencia, de las solicitudes del Parlasur, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que fuera liberada, la lideresa indígena fue condenada a tres años en el penal de Alto Comedero.
Ante el peligro que corría su vida en ese lugar –no puede olvidarse que Morales quiere sacarla de los medios políticos para evitar una opositora de prestigio- sus abogados solicitaron el cambio de casa por cárcel. Y lo lograron.
Sin embargo, en lugar de llevarla para su hogar la ubicaron en un almacén a medio construir, sin electricidad, ni agua, ni calefacción, ni siquiera una cocina y un baño con condiciones mínimas. Muebles tampoco hubo.
La presión nacional e internacional logró que finalmente la llevaran a su casa en el barrio jujeño de El Carmen, donde estuvo 44 días cumpliendo su pena.
Sin embargo, el pasado sábado fuerzas del orden penetraron sin autorización en su domicilio y se la llevaron sin dejar que se pusiera los zapatos o se vistiera. En piyamas, halada por los brazos, la devolvieron al penal de Alto Comendero.
En la cárcel, esta mujer que para muchos argentinos es ejemplo de valentía y de consecuencia con sus ideas, escribió de inmediato, en un papel roto y con un lápiz, una carta en la que califica de “atropello de mi dignidad” y “violación de mis derechos” la operación policial. La misiva fue difundida por familiares y amigos en las redes sociales.
“Es injusto, dijo, que en Jujuy no exista la Justicia verdadera ni la democracia” y pidió que “alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo”.
La activista social, que goza de gran prestigio en su país, y cuya libertad reclaman organizaciones de derechos humanos, precisó que “parece un mal sueño del que no puedo despertar. Les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino”.
¿ Cuál es la causa por la que las autoridades jujeñas emplearon formas utilizadas por los soldados de la dictadura militar argentina, cuando sacaban de sus domicilios a mujeres y hombres que luego asesinaban en las cárceles?
La Cámara de Apelaciones de Jujuy dio entrada el pasado 29 de septiembre a un recurso interpuesto por el fiscal Diego Cussel contra el beneficio de la prisión domiciliara, pues la acusada, dijo, no cumple con los requerimientos exigidos por el Código Penal de la Nación, o sea, tener más de 70 años o enfermedad.
Días atrás se informó por el Juzgado de Jujuy que la Justicia había revocado la prisión domiciliaria, pero que no la haría efectiva por el momento, con lo cual mintió de manera descarada, pues se la llevaron sin previo aviso.
Para tratar de justificar la acción policial, Pablo Ponce, responsable de Comunicación del Poder Judicial de Jujuy, explicó que el juez Pullen Llermanos dio la orden de encerramiento porque Sala “incumplió” con un traslado pautado a un hospital para someterse a análisis y estudios médicos. “Ayer, Milagro Sala debía ser trasladada al Hospital Pablo Soria de Jujuy a los efectos de realizarse allí análisis y estudios, cuyos turnos ya tenía reservados”.
Sin embargo, la detenida niega que se le haya avisado de tales exámenes.
El retorno de la lideresa indígena al penal de Alto Comendero, a donde concurrieron de inmediato sus abogados defensores, es rechazado por dirigentes políticos argentinos, como la ex presidenta Fernández.
En un acto de su campaña electoral en el barrio La Matanza, donde la candidata al Senado demostró la incapacidad del gobierno macrista, hubo demostraciones populares de apoyo a la lideresa indígena.
“Fue prácticamente secuestrada, prácticamente arrastrada y llevada en un auto sin patente”, sostuvo Cristina y refirió que “no quiero más autos sin patente llevándose a la gente, no podemos volver a permitirlo”.
Al enterarse de la situación surgida el pasado sábado, el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, declaró su disgusto por el intempestivo traslado de Sala al Penal. “Estamos preocupados, afirmó, porque esta acción judicial constituye un retroceso” en la libertad de la lideresa indígena.
El régimen de Macri, que se caracteriza por la represión contra quienes se le oponen, también mantiene desaparecido por causas políticas al joven Santiago Maldonado desde hace dos meses, sin que las investigaciones realizadas por familiares y amigos arrojen resultados sobre su paradero.
Maldonado, de 28 años, fue secuestrado por fuerzas de la gendarmería de la sureña provincia de Chubut luego de que en un gesto de solidaridad, participara en una manifestación pacífica de los indígenas mapuches que reclaman sus tierras vendidas a la firma italiana Benetton.