Las batallas de Lula da Silva en Brasil
Ex presidente propone la creación de alianza de izquierda
Mariela Pérez Valenzuela
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien se considera un perseguido por el sistema judicial brasileño, considera que ningún partido en solitario ganará las elecciones presidenciales del 2018, por lo que se impone una alianza de la izquierda.
En recientes declaraciones, Lula da Silva, 71 años, mencionó varias agrupaciones políticas que podrían acompañar a su Partido de los Trabajadores (PT) en la liza de octubre del próximo año para sustituir al mandatario de facto Michel Temer, quien se mantiene en el poder a pesar de varias acusaciones de corrupción en su contra, protegido por el capital nacional.
El antiguo líder metalúrgico de Sao Paulo mencionó, entre las fuerzas progresistas, en principio, al Partido Socialista de Brasil, al Democrático Laborista, y el Comunista de Brasil, aunque el grupo podría ampliarse mucho más.
La realidad política brasileña demuestra que la mayoría de los partidos en el actual gobierno están manchados por la corrupción y resulta difícil imaginar un Presidente procedente de las filas del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, fundado durante la última dictadura militar.
Son decenas de congresistas, ministros y funcionarios de esa agrupación y de otras, como la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo último candidato Áecio Neves vencido por Dilma Rousseff está indicado como corrupto, los que aparecen involucrados en la investigación de la petrolera estatal Petrobras, con robos millonarios y beneficios a empresas privadas.
Lula, un perseguido judicial
En río revuelto siempre hay ganancia para los pescadores. No podía ser de otra manera en Brasil donde bajo el paraguas de los involucrados en la Operación Lava jato (carro lavado) de la Petrobras, el juez principal, Sergio Moro, intenta colocar también a Lula da Silva.
Moro, cuya familia mantiene contactos con el PSDB que sueña con lanzarlo a la presidencia, citó por segunda vez al ex mandatario durante dos mandatos para que esclareciera algunos asuntos relacionados con un supuesto soborno de la firma Odebrecht para comprarle un apartamento, cuyo registro a su nombre ni de ninguno de sus familiares existe.
Ya el magistrado condenó a Lula da Silva en primera instancia a nueve años y medio de cárcel, una acción seguida por una rápida apelación de los abogados defensores, pero que pende sobre su futuro de manera peligrosa.
En la sureña ciudad de Curitiba se dio la cita entre el político y el juez que, hasta ahora, y siempre según el acusado y sus representantes judiciales, carece de prueba alguna que demuestre que el tiene una vivienda pagada por Odebrecht durante su segundo mandato.
Más de siete mil personas esperaban al líder del PT en las afueras de las oficinas de Moro para conocer el resultado de la audiencia –remitida a intercambios entre las partes- y escuchar sus palabras en una etapa que se define como una campaña preelectoral, aunque todavía no es candidato oficial, y si la condena se hace firme, no llegaría a serlo.
Pero aunque Lula no se postulara, bastaría con el apoyo que brindaría a quien ocupe su lugar entre las fuerzas izquierdistas para obtener el respaldo de la gran población pobre de ese país de enormes riquezas y la mayor desigualdad social en América Latina.
Curitiba fue el lugar escogido para anunciar su idea de la gran alianza de partidos progresistas capaces de formar gobierno, sin caer en el error de unirse a los conservadores, como hizo el PT en sus 12 años de continuos mandatos, para caer bajo la traición del pemedebista Temer, vicepresidente de Rouseff.
Las manifestaciones populares acompañan la presencia de Lula da Silva por donde pasa, como ocurrió en su reciente gira por nueve estados y 23 ciudades del nordeste brasileño, considerada la región más pobre del país y la más favorecida por los programas sociales del PT.
Para millares de personas, el ex mandatario, oriundo de aquellos parajes y que debió emigrar con su familia a Sao Paulo para sobrevivir, representa la esperanza del cambio operado durante los gobiernos petistas, ahora congelado por Temer y su economía neoliberal.
La persecución contra Lula da Silva, como lo fue también contra Rousseff, victima de un golpe de estado parlamentario-judicial y sacada del Palacio de Planalto en agosto de 2016, forma parte de un plan de gran amplitud de desprestigio de líderes revolucionarios en Latinoamérica.
El objetivo es evitar la postulación de figuras progresistas –como las que asumieron en los primeros años de este siglo- o que algunas retornen, como sería el caso de Lula da Silva o de la argentina Cristina Fernández.
Mientras Lula se mantiene al frente de las encuestas en una eventual postulación con más del 30% de los votos en primera vuelta, los problemas se complican para el mandatario de facto aunque todos saben en Brasil que nadie del comprometido Congreso Nacional alzará una mano para que sea juzgado.
Poco antes de viajar a Estados Unidos, donde participará en la actual reunión de alto nivel de Naciones Unidas y se entrevistará con Donald Trump, se conocieron dos nuevas acusaciones contra Temer, envuelto en la red de corrupción de la clase política brasileña.
Una de las denuncias procede de la Policía Federal, que envió a la Corte Suprema el informe de las investigaciones que demuestran las decisiones tomadas por el Mandatario no electo para favorecer en cargos estratégicos a sus socios mediante maniobras del PMDB en la Cámara de Diputados.
La Policía demostró también que desde su cargo, “articula con empresarios beneficiados en los esquemas de recibo de valores, con la justificación de donaciones electorales”, según indica el texto que será trasladado a la Fiscalía General de la República y, si esta lo estima pertinente, a la Cámara de Diputados. Círculo cerrado.
Pocos días antes, el Fiscal General, ya en retiro del cargo, Rodrigo Janot, evidenció y llevó a Tribunales que el Presidente practicó la asociación ilícita de la cúpula en el Senado del PMDB, una agrupación que nunca ha podido por vías legales ganar la Primera Magistratura del país.
Janot refirió que puede probar que los implicados en ese movimiento delictivo recibieron 587 000 de reales (moneda nacional) de varias empresas para que los favorecieran en las licitaciones gubernamentales.
Con seguridad nada ocurrirá tampoco con estas dos nuevas acusaciones, pues a los grandes capitales les conviene mantenerlo hasta el 2018 cuando haya implantado las reformas neoliberales pendientes.
Temer se libró de ser enjuiciado por otros delitos en anteriores indicaciones judiciales, pues la Cámara de Diputados no permite que prosperen las imputaciones. Con él caerían, precisan analistas, los pocos parlamentarios oficialistas que aun permanecen lejos de los jueces. Al menos, por el momento.