Milagro Sala pasó de la cárcel a un sitio inhabitable
La activista social argentina fue trasladada a un considerado basurero
Mariela Pérez Valenzuela
El gobierno derechista de Argentina y su brazo en Jujuy tienen sentimientos de odio por la activista Milagro Sala, a quien no les quedó otra alternativa que transferirla de una cárcel a una supuesta prisión domiciliaria, en la práctica una construcción a medio terminar, inhabitable.
Esta nueva forma de castigo del gobernador jujeño Gerardo Morales, de la coalición conservadora Cambiemos del presidente Mauricio Macri, intenta, como hace desde el 16 de enero de 2016, cuando fue detenida, doblegar la rebeldía de Sala, líder de la agrupación barrial Tupac Amaru.
Mujer de origen mapuche, madre de 14 hijos -12 de ellos adoptados- fue detenida apenas un mes después de la asunción de Macri bajo el cargo de instigación a las manifestaciones públicas de la Tupac Amaru, organización a la que el régimen estadual recortó el presupuesto para sus obras de beneficio social.
A pesar de que Argentina se movilizó durante meses para la liberación de Sala, quien negó los cargos, lo único efectivo para que la justicia jujeña se viera obligada a sacarla de la cárcel fueron las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y antes del Parlamento Suramericano (Parlasur), del cual es diputada.
Aunque la CIDH y la ONU hicieron hincapié en que ya se había cumplido un año y medio de la detención de la activista, y el juicio se mantenía en suspenso, pasaron varios días de la fecha prevista para su salida.
Es decir, esta mujer vinculada por la Tupac Amaru a los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien le enviaban directamente las partidas para las obras sociales sin pasar por los distintos gobiernos estaduales, solo fue cambiada de lugar cuando lo estimó pertinente el juez Gastón Mercau.
El lugar al que fue trasladada en espera de juicio está en la localidad jujeña de El Carmen. La mayoría de los defensores esperaban que la llevaran a su hogar, como ocurre en estos casos, pero nunca hacia un inmueble pensado como centro de rehabilitación, construido solo en parte.
“Persecución”, denunció en la red social Twitter su abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
En una burla a la justicia, y una nueva forma de castigo, Sala radica ahora en un sitio inhabitable, sin puertas ni ventanas ni calefacción ni agua corriente ni muebles, denunció su colaboradora en Jujuy, Sabrina Roth.
Imágenes televisivas muestran los cables de la electricidad colgando de las paredes, las llaves sin instalar, la suciedad de los pisos.
Roth afirmó que la Defensa de la lideresa de Tupac Amaru seguirá reclamando su libertad plena debido a que no hay motivos para su preventiva de libertad.
El caso de Sala no está cerrado. Luego de más de 550 días de cárcel es considerada en los distintos foros como presa política, la primera del gobierno de Macri, y su libertad sin condiciones es exigida por decenas de organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con Roth, aunque sin condiciones para la vida, la población de Jujuy, opuesta a los dictados conservadores, consideran una victoria que el gobernador Morales se viera obligada a trasladarla, pues sus abogados temían por su salud y por su integridad física en prisión.
En lo que se considera un abuso de poder y un crimen de odio hacia Sala, la gobernación estadual primero la acusó de instigación a la violencia y tumulto, pero según pasaban los meses, a esa primera causa le añadieron otras, como una supuesta irregularidad de fondos entregados por los Kirchner destinados a la construcción de viviendas para familias pobres.
La Tupac Amaru construyó más de 10 mil viviendas para familias pobres en Jujuy, además de policlínicas, centros de deportes y otras obras sociales.