Lula da Silva anuncia batalla por presidencia de Brasil
La condena a 10 años en su contra es política
Mariela Pérez Valenzuela
Pocas horas después de que el juez federal Sergio Moro lo condenara a casi 10 años de cárcel, sin pruebas de algún delito, el dirigente político brasileño Luiz Inacio Lula da Silva advirtió que se anota como postulante para las elecciones presidenciales del próximo año y defendió su honradez ante el circo montado por la derecha de su país.
El pasado jueves, menos de 24 horas después del anuncio de Moro –quien le mantiene bajo una persecución jurídica- Lula da Silva brindó una conferencia de prensa en la que de nuevo se declaró inocente de los cargos de recepción de dinero procedente de empresarios vinculados al escándalo de la petrolera Petrobras y de propiedades ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas hasta ahora, decenas de políticos brasileños tanto del gobierno como del Congreso Nacional actuantes, amén de gobernadores y alcaldes, están vinculados al desfalco por miles de millones de dólares ocurridos durante décadas en Petrobrás.
Sin embargo, el juez federal Moro mantiene una cacería de brujas contra Lula da Silva, a quien pretende desacreditar ante la opinión pública de Brasil para evitar que vuelva por un tercer mandato al Palacio del Planalto y alejar del poder al Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó 13 años consecutivos ese país.
“Si alguien piensa que con esa sentencia (…) me sacaron del juego, debe saber que yo estoy en el juego”, manifestó el político más popular de Brasil, que aun sin candidatearse oficialmente posee un 44% de posibles votos favorables, según encuestadoras locales.
Para el fundador del PT, obrero metalúrgico y dirigente sindical del sector en Sao Paulo durante la dictadura militar, era lógica la condena que trata de imponerle Moro y que será apelada en Segunda Instancia, en la que se define si irá a prisión o será absuelto.
En su conversación con los periodistas, afirmó que las fuerzas conservadoras que organizaron el golpe de estado parlamentario contra la exmandataria Dilma Rousseff el pasado año y pusieron a Michel Temer en su lugar, “tratarán de evitar que volvamos al poder en el 2018 e inventarán otras cosas”.
“Quien único tiene derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño”, advirtió Lula da Silva y precisó que si no trataran de eliminarlo de la escena política el golpe de estado sería un fracaso, como se ha visto en la práctica.
Moro dictó la condena luego de escuchar a 73 testigos – y aún quería más- que no demostraron que un lujoso apartamento en Guarajá, en Sao Paulo, era propiedad del ex líder del PT, el que supuestamente había reformado con propinas entregadas por empresarios.
Durante el proceso iniciado en mayo pasado como parte de las investigaciones de Autolavado se ha demostrado la inocencia de Lula da Silva, indicaron sus abogados defensores, quienes advirtieron que puede esperarse cualquier toma de posiciones de la justicia brasileña.
Ese mismo día, mientras Lula proclamaba su inocencia y los movimientos populares anunciaban grandes manifestaciones en su apoyo, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil rechazó la denuncia de corrupción pasiva y lavado de dinero contra Temer, considerado uno de los grandes corruptos de la política suramericana.
“Ahora si me quedo en la presidencia hasta el 2018”, declaró un eufórico presidente, ex vice de Rousseff, y líder del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) cuando conoció que el informe de la fiscalía acusándolo de corrupción fue rechazado por 40 votos, en tanto 25 estuvieron a favor de que se le enjuicie.
Al ser detenida en la Comisión de la Cámara Baja, la denuncia será archivada, lo que le da mayor tiempo a la derecha que lo colocó en el cargo para buscarle un sustituto, pues hasta sus antiguos amigos y protectores, como la red mediática O Globo, le han dado la espalda ante su desprestigio.
Además, si Temer fuera enjuiciado seguramente comprometería a figuras importantes del empresariado y de la política. Con él caerían los figurones de la oposición derechista aliada de Estados Unidos.
Los conservadores saben que la situación de Temer es insostenible, pero carecen de una figura respetable para sustituirlo y tampoco están dispuestos a permitir un retorno del PT a la presidencia. Se trata de ganar tiempo y esas fueron las órdenes cumplidas en la Comisión parlamentaria.
Para que la acusación de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita progresara debía ser aprobada por 34 de los 66 miembros de la instancia parlamentaria, a fin de que pasara a la Cámara de Diputados y esta diera una decisión definitiva sobre su admisión y discusión.
Temer, que está enredado en una madeja de políticos corruptos, entre ellos varios de su mayor amistad y confianza, aparece en audios entregados a la Policía Federal por el también encarcelado empresario Joesly Batista, dueño de JBS, los mayores frigoríficos de Brasil, donde el Mandatario acepta se le entregue dinero en la cárcel a su amigo Eduardo Cunha, condenado por corrupto, para que se mantuviera callado.
Las grabaciones que comprometen a Temer demuestran su inmoralidad y sus vínculos con el entramado descubierto en la estatal petrolera que compromete a más de 200 dirigentes políticos, en especial varios de sus ministros, diputados y senadores de los partidos oficialistas.
La decisión de la Comisión va en contra de los intereses del pueblo brasileño, que repudia las reformas neoliberales del gobierno usurpador.
El Instituto DataPoder360 aseguró en un estudio que el 85% de los brasileños deseaba que esa instancia parlamentaria aceptara la denuncia contra Temer, y un 80% lo cataloga de corrupto. El 75% de los encuestados planteó que no darán su voto nunca más a cualquier diputado que apoye al presidente no electo en las urnas.
Analistas consideran que la situación política de Brasil es crítica, y solo un gobierno democrático, electo en las urnas y comprometido con poner punto final a los esquemas de corrupción actuales podrá mejorar la imagen del país en la arena suramericana e internacional.