Pueblo revolucionario de Venezuela en las calles
Quiebra Nicolás Maduro plan de la derechista Asamblea Nacional contra presupuesto nacional
Mariela Pérez Valenzuela
Millares de revolucionarios venezolanos apoyan en las calles de los distintos estados la decisión del presidente Nicolás Maduro de enviar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el presupuesto fiscal del 2017, debido a la postura de desacato de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría derechista.
El vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, explicó a la AVN que el Parlamento presidido por Henry Ramos Allup, un connotado contrarrevolucionario y viejo politiquero, pretendía impedir la aprobación de la propuesta del gobierno, y con ello paralizar el funcionamiento del país en detrimento de la población.
“En Venezuela, afirmó, estamos sujetos a una guerra económica que procura eliminar la visión de la Constitución, ya que uno de los poderes ha decidido asumir un boicot contra el país”, sometido desde hace dos años a continuos ataques de los líderes de la derecha aliados a la oligarquía nacional, y siguiendo órdenes de Estados Unidos.
La AN permanece en desacato por desestimar y actuar por cuenta propia desde que desoyó el fallo del TSJ que declaró nula la votación irregular que favorecía a tres diputados de la oposición en el estado Amazonas, en la votación del 6 de diciembre del 2015.
El pasado 1 de agosto, el TSJ declaró como carente de “validez, existencia y eficacia jurídica” la juramentación de esos miembros por considerarla una “violación flagrante del orden público constitucional” considerando nulas todas las decisiones del Parlamento por sesionar con los diputados del estado Amazonas.
En un principio, parecía que los dirigentes parlamentarios aceptaban el fallo del Tribunal, pero en enero pasado, desobedeciendo a las más altas autoridades judiciales, dieron entrada a los considerados farsantes, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.
Ante esa desobediencia, la Justicia venezolana declaró nulo todo acto del Parlamento mientras estén incorporados los representantes del Amazonas.
Aun cuando la AN se mostró dispuesta a la discusión del presupuesto fiscal del próximo año, con las presuntas intenciones de boicotearlo como han hecho con otros dictados gubernamentales, el TSJ solicitó al presidente Maduro que hiciera la presentación en sus instancias para evitar una negativa de un órgano que está imposibilitado, al menos ahora, para tomar cualquier decisión.
“Yo necesito que el presupuesto de 2017 sea viabilizado, aprobado, y que nada se detenga”, confirmó Maduro en sus explicaciones al pueblo sobre el paso dado, el cual recibió una andanada de críticas de los opositores nucleados en torno a la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los temores del Tribunal ante la eventual actitud de la AN no son infundados, ya que desde que asumieron sus miembros en enero de este año realizan continuos ataques contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo para salir de las graves dificultades de la nación, unas creadas por la propia derecha y otras derivadas, en primer lugar, por los vaivenes de la economía internacional y los bajos precios del petróleo, principal renglón exportable de esa nación.
La pasada semana, la máxima magistratura venezolana informó que Maduro deberá presentar el importante documento rector del movimiento económico del país ante la Sala Constitucional, bajo la normativa de Decreto, con rango y fuerza de ley. La consulta al respecto del Mandatario fue presentada el pasado día 3.
El texto del TSJ precisa que la decisión fue tomada “Frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional, ante el deber de honrar los postulados de separación y equilibrio entre los poderes que conforman el Poder Público y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
La posición, argumenta, también se fundamentó en el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica, declarado constitucional por la Sala en sentencia N° 810 del 21 de septiembre de 2016, cuya ampliación fue solicitada el pasado 3 de octubre por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”.
La Sala Constitucional decidió que será ella la que analice, apruebe o rechace el presupuesto ante la “imposibilidad jurídica de presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional y de que ésta lo apruebe o lo rechace”.
Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, no se burla la Carta Magna porque el TSJ apruebe el presupuesto fiscal que permitirá el normal desempeño del país.
“Tal situación en la práctica equivale a una Asamblea Nacional que se autodisolvió, y al no poder generar actos legislativos válidos, el escenario actual es de omisión legislativa permanente”, según explicó este miércoles a medios venezolanos.
Mientras, la contrarrevolución venezolana mantiene su campaña para la realización de un referendo revocatorio contra Maduro, el cual podría realizarse en el primer trimestre del próximo año.
El Consejo Nacional Electoral informó esta semana que es necesaria la recogida de 20 millones de firmas para continuar con el proceso, la cual se hará en tres días, a fines de este mes, y deben estar representados todos los estados del país o carecerá de validez.