Herida del pueblo mexicano
México llora la desaparición forzada de 43 estudiantes hace dos años
Por Mariela Pérez Valenzuela
La herida que causó a la sociedad mexicana la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace este lunes dos años sigue abierta, pues aún las autoridades federales continúan investigaciones que conducen a una realidad: es otro crimen impune en Guerrero, un estado en el que el narcotráfico actúa por encima de la ley.
Hasta ahora, una nebulosa envuelve el caso de los jóvenes desaparecidos tras ser apresados en la localidad de Iguala el 26 de septiembre del 2014, donde participarían en un mitin pacífico contra la política del alcalde José Luis Abarca. .
Ellos se trasladaron en un ómnibus público desde su escuela Isidro Burgos, donde se formaban como maestros para comunidades pobres, situada en Ayotzinapa, hasta Iguala. En el bus viajaban otras personas. Cuando llegaron a Iguala, resultaron tiroteados por la policía. Siete pasajeros murieron en el acto. A los estudiantes sobrevivientes los detuvieron.
Testigos de los hechos aseguran que vieron por última vez a los muchachos cuando eran conducidos a la cárcel por la policía. Nunca más aparecieron.
La noticia de este suceso, tratada en principio por la prensa mexicana con perfil bajo, ganó terreno cuando los familiares de los desaparecidos, sus maestros y la población de Ayotzinapa se movilizaron exigiendo la devolución de sus hijos vivos. Caravanas recorrieron el país, el caso fue llevado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a los dolientes. El caso es que nadie, si la sabe, revela la verdad.
El asunto es complejo. Las primeras detenciones fueron las del Alcalde y su esposa, así como el jefe de policía de Iguala.
En lo que constituye un ejemplo de la unión existente en algunos estados mexicanos entre las autoridades estatales y el narcotráfico, como Guerrero y Sinaloa, el Alcalde confesó (aunque se ignora si es verdad), que él ordenó a la policía la entrega de los jóvenes al grupo mafioso Guerreros Unidos.
Los narcotraficantes, para intentar ponerle fin a este capítulo deleznable de la historia contemporánea de México, confesaron que los habían confundido con un grupo rival, que los habían matado e incinerado en el basurero de Cocula, un sitio cercano a Iguala.
Sin embargo, dos grupos de investigación, uno argentino solicitado por los familiares, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) mediante una coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron en que nada fue quemado en Cocula.
Tras revisar distintas locaciones de probable hallazgo, el 6 de septiembre del pasado año, el GIEG concluyó que no hay evidencias de la supuesta incineración. Molesta con los resultados, la Procuraduría General de la República mexicana rompió el acuerdo con el organismo.
La impunidad existente en México, donde casi a diario es hallada una fosa común con restos de personas desaparecidas, es la principal cómplice del ya casi confirmado asesinato de estos muchachos de extracción humilde, cuyo único interés, luego de graduados, era impartir conocimientos entre los más pobres de Guerrero.
Como desde hace 24 meses, el pueblo mexicano exigirá una vez más a Peña Nieto y las autoridades la verdad sobre este caso, que se une a una inmensa lista de crímenes sin resolver, conocidos por denuncias de familiares que aspiran al mínimo derecho de darle sepultura a sus restos.