Colombia sin guerra
Las fuerzas beligerantes –gobierno y guerrillas- decretaron un cese al fuego definitivo. Se impone la paz
Por Mariela Pérez Valenzuela
El conflicto armado de Colombia terminó, al menos en el papel y en la voluntad del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (Farc) cuando firmaron, el pasado día 24, el Acuerdo Final de las negociaciones iniciadas en 2012. Las armas callaron este domingo, según las partes, de manera definitiva.
El conflicto armado más largo de América Latina –más de medio siglo de lucha- dejó como saldo una nación enlutada por cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. La paz avanzó de manera considerable este fin de semana cuando las partes anunciaron el cese al fuego definitivo. Las armas callaron y para los colombianos será difícil adaptarse a una vida en la que cesen las emboscadas, los secuestros, asesinatos paramilitares, enfrentamientos armados.
Con los últimos instrumentos de paz puestos en vigor, corresponde ahora a los bandos en conflicto dar vigencia y garantías a que los acuerdos suscritos y los próximos pasos por venir, reconozcan el derecho de 50 millones de colombianos a la restauración de sus derechos humanos y políticos aun cuando los próximos años no constituyan un lecho de rosas en el orden político e institucional.
El silencio de las armas, la posibilidad de una inserción de las guerrillas en el proceso político nacional, en la vida civil, y el derecho a ser respetados, no depende, por supuesto, de la firma de un documento sino a un concierto social que exija a las partes el cumplimiento de los acuerdos adoptados, y en especial el respeto a los resultados del plebiscito que los refrendará.
Históricamente, las élites de poder colombiana e incluso el Estado –lo cual no es, según dice, el interés de Santos- han incumplidos los anteriores pactos pacificadores. En ese capítulo jugaron y juegan un papel importante los grupos paramilitares activos en Colombia que han quebrado acuerdos anteriores con el asesinato de elementos revolucionarios y/o guerrilleros, sin posterior intervención judicial.
En estos momentos, esos grupos mercenarios, están presentes en 22 departamentos de Colombia y tienen en situación de riesgo extremo a 88 municipios. Durante el 2015, tales mercenarios financiados por la oligarquía cometieron mil 064 violaciones a los derechos humanos, entre amenazas, atentados, ejecuciones, torturas y violaciones sexuales.
La paz cuesta
“Es el momento de convencer a los colombianos de que la paz no es gratis y nos toca asumir el costo. Esta es la alternativa lógica: deje las armas y trate de hacer con política lo que busca con las armas”, afirmó Ernesto Samper, expresidente colombiano y actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), defensor de las negociaciones realizadas durante los últimos cuatro años en Cuba, país garante junto a Noruega, de las negociaciones de paz.
Las fuerzas políticas colombianas que apoyan la paz definitiva conocen que hay quienes, desde las orillas de la derecha, intentan sabotear el proceso pacificador y anuncian el boicot a las medidas que puedan adoptar los antiguos enfrentados.
El gobierno y su contraparte guerrillera han actuado en los últimos cuatro años con cautela para que no haya hendijas aprovechadas por los derechistas en los documentos firmados, entre ellos las condiciones de participación política de las FARC, la amnistía a los guerrilleros que no han cometido delitos graves o de lesa humanidad, la reincorporación a la vida civil y los mecanismos de verificación de los acuerdos.
Está pendiente, y en eso trabajan desde posiciones antagónicas, los elementos democráticos y los conservadores, alcanzar la victoria o no del plebiscito convocado por el gobierno para el próximo 2 de octubre, que refrendará, si gana el SI, el Acuerdo Final, contentivo de todos los anteriores firmados.
Votar No a los acuerdos de La Habana es hacerlo a favor de la lucha armada interna, que ha costado 280 mil muertos en la última mitad (1980-2015) y que ya había costado otros 500 mil entre 1946-1980. Y en sabotear la paz están quienes se han beneficiado de la guerra, como los hacendados terratenientes.
Enemigos de la paz
Voces altisonantes tratan de contrarrestar los planes de los defensores de la paz, y para ello se apoyan de manera grotesca en los medios de comunicación al servicio de la derecha. Cabeza visible del plan antidemocrático es el expresidente Álvaro Uribe, considerado el fundador del paramilitarismo en el país y con probados vínculos con el narcotráfico.
Figuras como José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, amenazan que defenderán sus tierras mal habidas a cualquier costo, cuya concentración en manos de unos pocos constituye uno de los cimientos del conflicto bélico.
Para las FARC-EP está claro que poseen ahora un poder político electoral, lo cual contradice las aspiraciones derechistas que tenían en la guerra un negocio económico y de poder, auspiciado y pagado por Estados Unidos. Si ganase el NO, las antiguas fuerzas guerrilleras posiblemente devendrían una masa opositora desde la clandestinidad.
A la paz se oponen también los medios de comunicación tradicionales al servicio de la partidocracia, que reiteran a diario sus críticas a las negociaciones. Periódicos, canales de televisión y radios como RCN. NTN y Caracol propagan noticias mentirosas, alteran imágenes y descontextualizan opiniones para tratar de convertir al imaginario colectivo colombiano en enemigo de la paz.
En esa sucia carrera a favor de mantener la guerra se insertan también una parte considerable de la Iglesia Católica y de otras Iglesias que pretenden una renegociación de los acuerdos –a lo que se oponen las partes firmantes, ya que cada medida fue estudiada con rigor-, enarbolando ideas tan absurdas como que los pactos de La Habana son una maniobra para convertir a los niños y niñas en homosexuales, o llevar al Senado a individuos fichados como criminales. Todo es válido para las fuerzas reaccionarias.
A pesar de estos escollos, lo más importante para las antiguas fuerzas opositoras es cumplir los acuerdos alcanzados y los plazos establecidos para el comienzo de la desmovilización, la destrucción del armamento, la entrega de menores reclutados a Unicef, la acción de la Justicia Transicional y la celebración del plebiscito.
Los acuerdos de La Habana comprendieron temas sensibles de la realidad colombiana, como la Reforma agraria integral, Participación política, Solución al problema de drogas ilícitas, Víctimas y Justicia Transicional, Cese al fuego bilateral y definitivo, Garantías de seguridad, y Protocolo para el cese al fuego bilateral y definitivo.
Aunque en política la magia no existe, para la opinión colombiana e internacional, nunca antes estuvo Colombia tan cerca de permanecer en paz, a pesar de los escollos que para los cumplimientos de los Acuerdos traten de imponer los políticos retrógrados de Suramérica.