Brasil: anulan trámite del juicio político contra Dilma Rousseff

Aunque todavía se desconoce el alcance de la medida, el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, anuló este lunes el trámite que dio lugar al proceso contra la presidenta

Por Mariela Pérez Valenzuela

En un giro inusitado, cuyo alcance todavía se desconoce pero es absolutamente válido, el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, anuló este lunes  el trámite que dio lugar al proceso de impugnación contra la presidenta Dilma Rousseff, confirmaron fuentes parlamentarias, informó la cadena multinacional Telesur.

Maranhao sustituyó en la Cámara Baja al corrupto Eduardo Cunha, separado del cargo la semana pasada, y que fue quien, en un chantaje a la Presidenta, inició los trámites en su contra en venganza, manipulando además –según analistas políticos- a la mayoría de los diputados.

La decisión del líder interino -cuyas consecuencias jurídicas todavía no están claras- fue adoptada dos días antes de que el Senado se apresta a una votación que puede separar a Rousseff del gobierno mediante un llamado golpe parlamentario.

Maranhao  aceptó una demanda presentada por la Abogacía General del Estado, la que denunció  “vicios que declaran nula de pleno derecho” la sesión del pasado 17 de abril en la que 367 de los 513 diputados sufragaron contra la jefa de gobierno.

En un comunicado conocido este lunes, Maranhao explicó que “uno de esos vicios consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados orientaron el voto de sus diputados”, lo que resulta inaceptable.
“No podrían los partidos políticos orientar una cuestión para que sus parlamentarios votaran de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente”, explicó el nuevo jefe de la Cámara Baja.

Tras un taimado proceso iniciado el pasado mes, en el que las acusaciones, aunque falsas, pasaron a un segundo plano, este miércoles el Senado brasileño decidirá un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y consumará un golpe de Estado parlamentario organizado y dirigido por las fuerzas de derecha en esa nación.

A estas alturas, y luego del espectáculo mediático, ofensivo y de poca ética ofrecida por la oposición en la Cámara de Diputados, ahora le corresponde al pleno de 81 senadores la facultad de enjuiciar a Rousseff por supuesto movimiento de fondos estatales para programas sociales en beneficio del sector popular más pobre, sin que antes lo haya entregado el Tesoro.

Ese mecanismo financiero, también llamado pedaleo, es realizable por los gobiernos y es absolutamente legal, pues no se trata de desvío de fondos sino de adelantar el uso de las finanzas estatales en proyectos aprobados anteriormente por el Ejecutivo. Por tanto, tal acusación es improcedente.

El pasado viernes, una Comisión Especial de la Cámara Alta, integrada por 21 personas, dio el visto bueno a la continuidad del considerado fraude del Congreso. Quince votaron a favor, cinco en contra, y uno planteó que no lo haría.  El conteo se hizo en base a 20.

En el plenario, serán necesarios 41 votos para dar paso al enjuiciamiento de la Mandataria, quien de continuo denuncia el golpe de Estado, y su inquebrantable voluntad de mantenerse en el cargo hasta el último día que se lo permitan. La renuncia no está entre las posibilidades de esta valerosa mujer, considerada intachable en su gestión.
El líder del Gobierno en el Senado, Humberto Costa, denunció que lleva adelante un proceso absolutamente viciado por el desvío de poder ejercido por el extitular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, separado del cargo hace unos días por el robo de al menos cinco millones de dólares de Petrobras, lo que debía ser suficiente para anular de manera absoluta el proceso.

Además, Costa indicó que el opositor Antonio Anastasia, cuya designación como relator fue cuestionada desde el inicio por los legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), practicó un verdadero “contorsionismo jurídico” para tratar de justificar lo que no tiene justificación, indicó una nota de Telesur este lunes.

En la Cámara Baja, 327 diputados de 512 sufragaron contra la Mandataria, que el pasado 1 de enero inició su segundo mandato ganado limpiamente en las urnas – 54 millones de boletas positivas- contra el candidato derechista del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Áecio Neves.

La derecha dio un espectáculo que muchos tildan de penoso, cuando al emitir el Sí decían que lo hacían en nombre de Dios, de sus hijos, de sus madres y hasta de primos, además de que injuriaran a la Mandataria con ofensas impropias de un órgano político.

El plan golpista  comenzó hace unos dos años cuando se consideraba inevitable su victoria en las elecciones del 2015. A contracorriente de críticas opositoras,  la jefa de gobierno, una ex guerrillera contra la dictadura militar, de 68 años, quien ocupó distintos cargos en los dos mandatos de Luiz Inacio Lula da Silva, fundador del PT, mantuvo y elevó el número de programas sociales ya implantados por el líder obrero.

Todo iba viento en popa entre la Presidenta y los partidos aliados en el Ejecutivo, llamados a formar parte del gobierno hasta que se hizo evidente el estancamiento económico, no imputable al gobierno sino al sistema capitalista.
Aunque de derecha, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), exigió que su líder  Michel Temer ocupara la vicepresidencia de la República y ahora sustituirá a la Mandataria si el Senado decide por el juicio, que comenzaría de inmediato, y terminaría en 180 días cuando se hará definitiva o no la separación del cargo.
Los grandes grupos de poder brasileños que apoyaban al gobierno petista le enfilaron los cañones en la medida que la crisis afectó sus intereses, y Rousseff continuó con la prioridad de sus proyectos para beneficiar a por lo menos 50 millones de ciudadanos de su país.

Los ataques contra la Mandataria fueron continuos por los medios de comunicación liderados por el consorcio O Globo, propietario de cadenas de radio, televisión, prensa escrita y hasta radios comunitarias. La han acusado, en la prensa, hasta de formar parte del corrupto grupo que robó millones de dólares de la estatal Petrobras, en el que paradójicamente están comprometidos 100 de los diputados que votaron en su contra.

En estos momentos, la derecha –que según analistas son guiados por Estados Unidos- quiere cambiar la composición política nacional, instalando un régimen neoliberal y entre sus primeras medidas, según dijo Temer, está la privatización de la estatal Petrobras con el pretexto de que el Estado carece de poder para evitar la corrupción y el robo.